El lucro en la educación, en el centro del debate en Chile

Fuente: www.renanews.com.ar Buenos Aires, 8 de julio de 2011 (RENA). Estudiantes y docentes chilenos reclaman por educación pública, gratuita y de calidad, con manifestaciones nunca vistas desde la vuelta de la democracia. El presidente Piñera respondió con el llamado a un “Gran Acuerdo Nacional por la Educación”, una batería de medidas que incluye un fondo de 4 mil millones de dólares, el aumento de becas y una reducción de la tasa de interés para los créditos con que se pagan los estudios. El anuncio fue tildado de “más de lo mismo” y se mantiene el paro nacional del próximo jueves. Los estudiantes reclaman principalmente que acabe el sistema municipalizado de educación básica y media, en que los gobiernos de las ciudades se hacen cargo de los establecimientos gratuitos y reciben aportes del Estado de acuerdo con la cantidad de alumnos, y el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades. El acuerdo “GANE” de Sebastián Piñera busca terminar con las tomas y paros en todo el país mediante un fondo por la educación equivalente al 40 por ciento del presupuesto del Mineduc, un fuerte aumento de becas y créditos, bajas en las tasas de interés, cambios en el sistema de admisión, acreditación, y la creación de una Superintendencia de Educación. El mandatario convocó a los estudiantes y profesores a iniciar conversaciones con miras a cambios profundos que se acordarán mediante proyectos de ley en el Congreso. Para la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, los anuncios “no terminan con el endeudamiento” de las familias para que sus hijos lleguen a la educación superior, que debería ser un derecho. “Es más de lo mismo pero con unos pesos más”, criticó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios manifestó su “repudio y descontento”. El Colegio de Profesores dijo que el acuerdo “es sólo un bonito enunciado”. Con cautela, referentes de la oposición cuestionaron que Piñera realizara una especie de “apertura” a una eventual legalización del lucro. La discusión promovida por los estudiantes y docentes incidió fuertemente en la popular encuesta Adimark, que reflejó un 60 por ciento de rechazo para el presidente Piñera, un récord desde que está al frente del país. Peor aún le fue al ministro de Educación Joaquín Lavín, quien experimentó una estrepitosa caída de 24 puntos, de un 70 a un 46 por ciento, algo inédito en las mediciones, según La Tercera. ¿Educación o negocio? En su libro “El Negocio de las Universidades en Chile”, presentado en la Casa Central de la U. de Chile en diciembre de 2007, la periodista Olivia Monckeberg denuncia que detrás de las fachadas de “casas o edificios que se llaman universidades”, suelen esconderse actividades y operaciones que “poco o nada tienen que ver con la academia, la investigación universitaria o la formación de científicos y profesionales”. “Las inmobiliarias, las ‘prestaciones de servicios’, las sociedades anónimas cerradas o limitadas que esconden su verdadera actividad y otras formas habituales ya en ese ambiente, configuran un panorama donde el lucro -aunque se le cambie de nombre- es motor y protagonista central”. Según la investigadora, de 61 universidades, 25 son públicas o particulares con apoyo del Estado, pertenecientes a corporaciones regionales o a la Iglesia Católica. Son las que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Las 36 restantes son privadas, nacidas después de 1981. La autora habla de una doble dimensión. “Para unos es simplemente ganar dinero como sea, y la educación pasa a ser simplemente una mercancía o un servicio que se otorga a cambio de un elevado arancel que pagan los alumnos clientes. Para otros, el negocio tiene un sentido de más largo plazo y se entronca con la ‘misión’ de generar una sociedad acorde con los postulados de quienes la controlan”. Son estas últimas, según Monckeberg, las que reciben más donaciones de sectores más poderosos y las que salen más favorecidas por los beneficios tributarios. “Para los donantes, esas casas de estudio a las que entregan suculentas sumas de dinero son confiables para encargarles la formación de las elites que dirigirán el país del futuro”. “De cerca de 700 mil estudiantes que están en la educación superior hoy, más de 500 mil son universitarios. En forma creciente se han incorporado los provenientes de familias de ingresos medios y bajos, que se endeudan para conseguir un título profesional”. “Por ley, en Chile las universidades son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, en la realidad, las universidades privadas obtienen cuantiosas utilidades, mientras sus verdaderos dueños usan diversos subterfugios para lograr captar más dinero, provenientes de elevados aranceles que pagan los ‘estudiantes clientes’, para seguir haciendo funcionar la máquina de esta peculiar industria”, revela en su libro. Reclamo de gratuidad y calidad Ese mismo escenario es denunciado por los estudiantes secundarios, universitarios y profesores. Ayer jueves, un grupo de alumnos de Derecho de la U. de Chile tomaron el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y pidieron a una instancia para realizar un debate con el Gobierno. “Queremos emplazar al Presidente de la República y a los medios de comunicación para que se pueda realizar un debate mediante cadena nacional para poder contrastar las posturas de los estudiantes con las del Gobierno porque estamos seguros que si la gran mayoría en Chile decidiera, actualmente habría educación pública, gratuita y de calidad”, dijo la dirigente Constanza Martínez, según Radio Cooperativa. “Nos parece impresentable que un Presidente que tenga tan baja aprobación hable de acuerdos nacionales, cuando ha estado trabajando todo este tiempo por los intereses de los empresarios”, calificó. Unas horas antes, profesores, estudiantes y el movimiento ciudadano por la educación pública de calidad efectuaron una intervención cultural que denominaron “Vacaciones para Lavín”, donde recrearon una 'playa itinerante' por las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Unos 80 participantes, la mayoría universitarios, con trajes de baño, bronceador, gorros, pelotas y sillas, pusieron toallas en el piso y se instalaron en cada sitio como una forma de protestar irónicamente para que el ministro también tome vacaciones y deje de ser el interlocutor en las negociaciones donde demandan ‘educación gratuita y de calidad’. La Universidad de Atacama convocó a una reunión para la tarde de hoy viernes, para pintar el cerro Capi -en Copiapó- con la frase No + lucro, el próximo sábado. También para el fin de semana, un grupo de estudiantes universitarios y secundarios invitan por Facebook a una “velatón” (marcha con velas) en la Plaza Los Héroes, en el centro de Santiago. La actividad fue denominada “iluminemos la educación chilena”. Hay colegios y universidades que llevan más de dos meses de toma porque el Gobierno ha insistido en negociar por separado con los actores, y no respondió a la cuestión de fondo. En el anuncio del martes no hubo referencia a la desmunicipalización de la educación. El plan oficial El presidente Piñera anunció el martes por cadena nacional el Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE). El mandatario pidió “terminar con las tomas y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos” a través de esa iniciativa, “cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la educación superior, para avanzar hacia una sociedad de oportunidades”, informó La Tercera. “No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales”, aseveró. Y detalló los cuatro paquetes de medidas incluidos en el acuerdo. “En primer lugar -dijo- esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero”, por lo que planteó “la creación de un Fondo para la Educación (FE) por un monto de 4 mil millones de dólares, que represente un verdadero pulmón para la educación” y “complemente los recursos del presupuesto fiscal”. Como segunda medida, “mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes. En palabras simples más becas y créditos más económicos”. Para eso, “el Gobierno plantea: primero, aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar en un 20 por ciento su monto. Segundo, garantizar al 40 por ciento de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de educación superior acreditada que ellos elijan. Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4 por ciento en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo”. “Adicionalmente, convocaremos a un grupo de trabajo para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado, por uno más justo y eficaz. Cuarto, rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom”, informe crediticio como el Veraz argentino. Como tercera medida planteó “mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario”. Para ello, “considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU - Prueba de Selección Universitaria-, en los sistemas de admisión”. Además, “fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia”. También, “establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de educación superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomen decisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones”. “Cuarto, crear una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior. Quinto, establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad”, agregó.   Por último, planteó “definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales”. “Adicionalmente, aseguraremos la transparencia total del sistema y abriremos un debate amplio, para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables”, afirmó. “A pesar de lo mucho que hemos avanzado, incluyendo los gobiernos anteriores, Chile sigue en deuda con la educación de nuestros niños y jóvenes”, admitió Piñera, por lo que este acuerdo tiene “tres grandes desafíos pendientes: mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación”. “Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile”, lo cual “creemos que constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza”, sentó posición el mandatario. “Nuestro Gobierno apoya el concepto de una sociedad docente, donde tanto el Estado como la sociedad civil puedan participar y aportar en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y sus familias, a elegir libremente la institución en que quieren estudiar”, aclaró. Críticas de todos lados El presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica (Feuc), Giorgio Jackson, dijo que los anuncios no terminan con el endeudamiento al que deben recurrir las familias para que sus hijos lleguen a la educación superior, “lo que debe constituir un derecho”, y sólo baja las tasas de interés. “En Chile se tiene miedo hablar de gratuidad, pero nos referimos a financiamiento del Estado a través de una reforma tributaria, por ejemplo”, explicó. Y reclamó que los tres quintiles -grupos con menos recursos- estudien gratis en universidades que tengan un rol público. “La omisión más grande que se dio fue la educación pública”, afirmó Jackson, quien la calificó como la “plataforma de equidad de cualquier país del mundo”. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, calificó los anuncios como “una vergüenza”. El mandatario, dijo, “ha cometido un gran error, vemos que es más de lo mismo pero con unos pesos más”. Según su visión, “no se va a respetar la ley que prohíbe el lucro en la educación universitaria privada”. Aquí hay “un problema de conflicto de intereses. (El poder Ejecutivo) está respondiendo a los intereses de una determinada clase política económica que está vinculada y hoy día no se puede responder a las necesidades de la ciudadanía”, criticó. El vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, pidió un plebiscito “donde la gente pueda elegir entre la propuesta de los estudiantes y la del Presidente Piñera”. “Queremos demostrar nuestro repudio y descontento frente al Gobierno y el ministro Joaquín Lavin”, manifestó la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Laura Ortiz. “El acuerdo que propone Piñera es sólo un bonito enunciado” donde “no asumió las causas de fondo”, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Fajardo. “Antes de enviar proyectos de ley al Parlamento” el Gobierno debería “crear una mesa con todos los actores del sistema”, consideró. Según Gajardo, la crisis “se da en todos sus niveles, no sólo en el ámbito de la universidad, sino que aquí tenemos una crisis en la educación básica, en la secundaria y en el profesorado, así que en eso no hay grandes novedades”. (Juan Ignacio Manchiola)