Denuncian violación de derechos de personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires

Fuente: www.renanews.com.ar Buenos Aires, 15 de julio de 2011 (RENA). La Defensoría del Pueblo porteña comprobó que la mayoría de los bares y confiterías de la Ciudad “no posee servicios sanitarios accesibles para las personas con movilidad reducida”. A esa denuncia se suma otra de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que criticó al gobierno de la capital argentina por “empeorar” la vida de ese sector vulnerable de la población. Imposible ir al baño Una investigación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó a una cruda conclusión: “(...) si su movilidad es reducida, ni se le ocurra ingerir productos con poderes diuréticos; salvo que tenga la total certeza de estar en uno de los pocos locales gastronómicos que cuentan con baños para gente como usted, tal como manda desde 2002 la Ley de Accesibilidad Física para Todos que en la Ciudad lleva el número 962”. “Que muchos de esos establecimientos incumplan el mandato legal es responsabilidad de la ex Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana porteña y de su Resolución 309/2004 que los exime de contar con servicios de salubridad especiales, en tanto sus dueños acrediten con una declaración jurada que sus locales son preexistentes a la 962 y que desde su vigencia no ampliaron sus dimensiones”, reveló. Según la Defensoría, lo sencillo del trámite “hizo llover pedidos de excepción sobre los funcionarios responsables, quienes los concedieron generosamente ya que nada los obligaba a constatar la veracidad de lo declarado”. Así lo comprobaron sus inspectores, que visitaron numerosos locales oportunamente denunciados por vecinos e investigaron los antecedentes de la habilitación que les permite funcionar al margen de la Ley de Accesibilidad Física para Todos. Uno de ellos dijo a “Buenos Aires, crónicas de la ciudad abierta” que al habilitar locales desconociendo a la Ley 962, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del gobierno porteño “cercena a la gente con movilidad reducida sus derechos a la participación social, a la cultura y a la recreación”. Otros expertos de la Defensoría demostraron que la Resolución 309 “está viciada de nulidad” y que su aplicación indiscriminada “reduce el espectro de lugares inclusivos para quienes padecen problemas de movilidad”. En consecuencia, dijeron, se deberían revocar las habilitaciones concedidas al amparo de esa norma. La Defensoría recomendó al Procurador General de la Ciudad que dictamine sobre la legalidad y validez de la Resolución 309. Y en tanto eso ocurra, sugirió al Director General de Habilitaciones y Permisos que su dependencia se abstenga de aplicar la Resolución e inspeccione los locales que habrían eludido el mandato de la Ley 962. “Todo empeoró” La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) acusó al actual Jefe de Gobierno Mauricio Macri, de gobernar “en contra de las personas con discapacidad”. En materia de accesibilidad, “la titular de COPIDIS -Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad-, y candidata a legisladora, Marina Klemensiewicz, dijo que no existen normas que obliguen a los privados a brindar accesibilidad en edificios existentes, desconociendo los contenidos y el espíritu de la normativa en accesibilidad vigente”, denunció la Red. “El Jefe de Gobierno restringió nuestro acceso a los edificios, no fiscalizando la legislación de adecuación de puertas tijera en ascensores ni la ley de ‘Accesibilidad física para todos’; vetó dos leyes, que de haberse promulgado hubieran contribuidos a mejorar la situación habitacional de personas con discapacidad en situación de pobreza”. “Nos ignoró como peatones: las bajadas de cordón en cruces peatonales destinadas a dar continuidad al Plan de Veredas, tienen desniveles entre acera y calzada de hasta 5 cm; persiste en construir ‘lecho rebajado’, riesgosa canaleta que discontinúa la superficie de tránsito en el cruce peatonal, transgrediendo toda normativa en materia de seguridad y accesibilidad”. “Discontinuó el contraste de color alrededor de los vados o en su misma superficie (señalización para personas con visión disminuida especificada en las normativas vigentes); en numerosas intersecciones eliminó el desnivel entre acera y calzada elevando la calle al nivel de la vereda”. Y su implementación, en barrios como ‘Palermo Soho’, “perpetúa la inaccesibilidad e incrementa los riesgos para personas ciegas: el cruce peatonal está resuelto mediante un adoquinado cuya irregularidad lo torna intransitable para adultos mayores, usuarios de silla de ruedas, o personas con alguna dificultad para caminar”. Tampoco hay señalización táctil que indique el límite de la vereda a las personas ciegas, “quienes llegan a encontrarse en medio de la calle, sin darse cuenta”. “A los ciegos no nos ve: vetó dos leyes que hubieran mejorado el acceso a la información para personas ciegas: Ley de Defensa del Consumidor - Trámites en Sistema Braille, y  parcialmente  la Ley 3107-Acceso a la Información Pública - Actualización de Contenidos Páginas Web”, continuó la organización. También “ignoró a los niños”. Según la REDI, los 99 hogares de la Ciudad, pese a recibir hasta 6 mil pesos mensuales por niño, plantearon su imposibilidad de cumplir con las normas de habilitación. Estas normas incluyen la accesibilidad. “El Macrismo elevó en la Legislatura una iniciativa de prórroga en la aplicación de las normas, violando no solo la Ley 962, sino también la Constitución de la Ciudad y la Ley de Protección Integral del Niño (Junio/2010)”. En materia de transporte, “incumplió el dictamen judicial de instalar ascensores en todas las estaciones de subte, y asegurar su funcionamiento”. Y en el caso de la educación, “no cumplió el dictamen judicial de brindar accesibilidad en todas las escuelas, faltando inclusive a su promesa de campaña. El 95 por ciento de las escuelas privadas y 75 por ciento de las públicas porteñas no cumplen ni siquiera con condiciones mínimas de accesibilidad: no cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de ruedas y/o carecen de ascensores y/o baños adaptados, entre muchos otros obstáculos”. “El 3 de marzo de 2011, la Sala II de la Justicia Contenciosa de la Ciudad confirmó la sentencia que obliga al GCBA a garantizar el derecho a la educación de niños/as con discapacidad. Pero el Gobierno de Macri desacata la sentencia”. Más denuncias  “En materia de salud: desatendió a los hospitales públicos, que acusan falta de recursos para rehabilitación así como los insumos necesarios para la atención de personas con discapacidad”. “La no adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional 24.901 obliga a las personas con discapacidad que no poseen obras sociales a realizar amparos judiciales para cubrir sus necesidades elementales, vetó una serie de leyes, que de haber sido promulgadas hubieron impactado favorablemente en la salud de las personas con discapacidad de la Ciudad”. En materia de salud mental, “desatiende las distintas problemáticas psicosociales, desjerarquizando la Dirección General de Salud Mental, desmantelando el Hospital Público, y agravando la situación socio-económica que impacta en la salud mental de las poblaciones mal vulneradas”. “Es conocida la desatención de la infraestructura edilicia de los hospitales monovalentes Borda y Moyano, con falta de gas en el Hospital Borda desde hace más de 64 días, y el Banco de elementos ortopédicos no está equipado con elementos estándar como muletas, bastones, sillas de ruedas”. En lo referente al trabajo, “la ley 1502 establece que los empleadores deben consultar el Registro Laboral de la Comisión para la Plena Inclusión y Participación de Personas con Discapacidad (COPIDIS) que, con rango de secretaría, depende de la vice jefatura de Gobierno. Allí están registrados 4700 aspirantes de los cuales solo 30 fueron contratados por parte del Estado. Según la Subsecretaría de Recursos Humanos, solo el 1,4 por ciento de su planta son personas con discapacidad cuando por Ley debiera alcanzar al 5 por ciento”. “Coherente con su política de dejar a las personas con discapacidad sin empleo y obligadas a mendigar para subsistir, Macri vetó la Ley 3721 - Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en situación de Vulnerabilidad Social (04/02/2011)”, acusó la organización. Y con relación a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley nacional con rango Constitucional), “puso al frente de COPIDIS, organismo público referente de las personas con discapacidad, dedicada a hacer cumplir sus derechos, a una persona sin discapacidad, quien implementó una política expulsiva de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad en su Consejo Consultivo”. (JIM)