fuente: www.renanews.com.ar
Buenos Aires, 17 de junio de 2011 (RENA). Cada vez más niños y jóvenes pobres bonaerenses sufren detenciones sin orden judicial, armado de causas y reclutamiento para el delito, según un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria. En Argentina fue aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU pero el Congreso sigue sin sancionarlo. Desde el miércoles y hasta hoy, más de 40 expertos de la región se encuentran reunidos en Santiago de Chile para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos, pudo saber RENA.
Niños en peligro
La Comisión por la Memoria presentó el lunes último en La Plata el Informe anual 2011, que refleja el trabajo realizado por su Comité contra la Tortura, y analiza y evalúa las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en territorio bonaerense.
Antes del acto, una delegación de la Comisión entregó el informe y se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo Pettigiani, y el juez Luis Genoud, para plantearles la necesidad de avanzar en la creación de una Policía Judicial y de ajustar los controles judiciales sobre las detenciones por averiguación de identidad. Los jueces recibieron el informe y se comprometieron a acercar un ejemplar a cada magistrado.
Por la tarde, en la presentación pública, un panel conformado por el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión; Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura; Daniel Rafecas, juez federal; y Hugo Cañón, presidente de la CPM, difundió el contenido del documento.
“El discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos, somos conscientes que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios” dice el informe.
Uno de sus puntos más relevantes habla de un incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables. “Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”.
En ese contexto aparece la investigación de la desaparición forzada de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía en Lomas del Mirador. “Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, denuncia el informe.
De acuerdo con la investigación en terreno, en los casos de detención por averiguación de identidad los que más sufren son los de menores recursos, y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. “El 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 por ciento de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
Una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la Provincia completa el panorama: pese a que la ley lo prohíbe, el 93 por ciento estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas junto con mayores de edad. “El 32 por ciento permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. El uso extendido de la prisión preventiva no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72 por ciento de las plazas de encierro existentes se utiliza para jóvenes con prisión preventiva”. El informe también señala que se denunciaron casos de tortura en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de la Matanza, en el conurbano provincial.
Superpoblación carcelaria
“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión, basada en los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
Al analizar la implementación de la ley de promoción de los derechos del niño, la CM hizo pública su preocupación por la situación en el conurbano bonaerense, donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez. Mientras que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. “Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir”.
Respecto de la situación carcelaria, a pesar de la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia, que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas en marzo de 2011 es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El sistema aloja prácticamente al doble de personas que podría legítimamente.
El número de muertes en las prisiones se incrementó. En 2009 se registraron 117 decesos; en 2010 fueron 33. De estos, 94 se debieron a problemas de salud, muchos directamente vinculados a malas condiciones sanitarias e inadecuada atención médica. La jurisdicción de La Plata reunió el 44 por ciento.
El sostiene que los hechos de violencia aumentaron en las cárceles, donde el control judicial es escaso y se insiste -por cuestiones ideológicas o falta de preparación- en apelar a figuras tales como apremios y vejaciones, cuando en realidad corresponde aplicar el tipo penal tortura.
Falta la sanción
Argentina aprobó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU, que incluye la creación de mecanismos nacionales y locales o provinciales de prevención que monitoreen los lugares de detención, propongan soluciones ante las violaciones de Derechos Humanos, y elaboren -como lo hace la CM- informes anuales sobre la evolución de las situaciones en esos lugares.
Luego de años sin novedades en la implementación del mecanismo de prevención, el 19 de agosto último “finalmente hubo voluntad política y dos de las tres comisiones que tiene que tratar el tema en la Cámara de Diputados de la Nación llegaron a dictaminar sobre un proyecto común”, confirmó oportunamente Amnistía Intencional a RENA.
“Este es un paso fundamental y muy importante. Estamos en un momento de oportunidad en el que hay consenso y un texto para implementación del Protocolo (…) Alentamos a que los legisladores se comprometan a trabajar continuadamente para tener una ley de prevención de tortura antes del próximo año. Esperamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda dé pasos positivos en esta línea” dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
Sin embargo, pasaron los meses y el Congreso Nacional todavía no lo sancionó.
Debate regional
Más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se reúnen hasta hoy en la capital chilena para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos.
“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, “y aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.
Esta primera reunión regional convocada por el Relator Especial convoca a representantes del gobierno, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El encuentro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Durante la última década, se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”, señaló Méndez. “Sin embargo, estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.
“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, dijo el experto.
(JOM)
Niños en peligro
La Comisión por la Memoria presentó el lunes último en La Plata el Informe anual 2011, que refleja el trabajo realizado por su Comité contra la Tortura, y analiza y evalúa las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en territorio bonaerense.
Antes del acto, una delegación de la Comisión entregó el informe y se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo Pettigiani, y el juez Luis Genoud, para plantearles la necesidad de avanzar en la creación de una Policía Judicial y de ajustar los controles judiciales sobre las detenciones por averiguación de identidad. Los jueces recibieron el informe y se comprometieron a acercar un ejemplar a cada magistrado.
Por la tarde, en la presentación pública, un panel conformado por el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión; Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura; Daniel Rafecas, juez federal; y Hugo Cañón, presidente de la CPM, difundió el contenido del documento.
“El discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos, somos conscientes que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios” dice el informe.
Uno de sus puntos más relevantes habla de un incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables. “Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”.
En ese contexto aparece la investigación de la desaparición forzada de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía en Lomas del Mirador. “Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, denuncia el informe.
De acuerdo con la investigación en terreno, en los casos de detención por averiguación de identidad los que más sufren son los de menores recursos, y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. “El 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 por ciento de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
Una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la Provincia completa el panorama: pese a que la ley lo prohíbe, el 93 por ciento estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas junto con mayores de edad. “El 32 por ciento permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. El uso extendido de la prisión preventiva no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72 por ciento de las plazas de encierro existentes se utiliza para jóvenes con prisión preventiva”. El informe también señala que se denunciaron casos de tortura en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de la Matanza, en el conurbano provincial.
Superpoblación carcelaria
“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión, basada en los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
Al analizar la implementación de la ley de promoción de los derechos del niño, la CM hizo pública su preocupación por la situación en el conurbano bonaerense, donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez. Mientras que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. “Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir”.
Respecto de la situación carcelaria, a pesar de la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia, que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas en marzo de 2011 es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El sistema aloja prácticamente al doble de personas que podría legítimamente.
El número de muertes en las prisiones se incrementó. En 2009 se registraron 117 decesos; en 2010 fueron 33. De estos, 94 se debieron a problemas de salud, muchos directamente vinculados a malas condiciones sanitarias e inadecuada atención médica. La jurisdicción de La Plata reunió el 44 por ciento.
El sostiene que los hechos de violencia aumentaron en las cárceles, donde el control judicial es escaso y se insiste -por cuestiones ideológicas o falta de preparación- en apelar a figuras tales como apremios y vejaciones, cuando en realidad corresponde aplicar el tipo penal tortura.
Falta la sanción
Argentina aprobó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU, que incluye la creación de mecanismos nacionales y locales o provinciales de prevención que monitoreen los lugares de detención, propongan soluciones ante las violaciones de Derechos Humanos, y elaboren -como lo hace la CM- informes anuales sobre la evolución de las situaciones en esos lugares.
Luego de años sin novedades en la implementación del mecanismo de prevención, el 19 de agosto último “finalmente hubo voluntad política y dos de las tres comisiones que tiene que tratar el tema en la Cámara de Diputados de la Nación llegaron a dictaminar sobre un proyecto común”, confirmó oportunamente Amnistía Intencional a RENA.
“Este es un paso fundamental y muy importante. Estamos en un momento de oportunidad en el que hay consenso y un texto para implementación del Protocolo (…) Alentamos a que los legisladores se comprometan a trabajar continuadamente para tener una ley de prevención de tortura antes del próximo año. Esperamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda dé pasos positivos en esta línea” dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
Sin embargo, pasaron los meses y el Congreso Nacional todavía no lo sancionó.
Debate regional
Más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se reúnen hasta hoy en la capital chilena para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos.
“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, “y aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.
Esta primera reunión regional convocada por el Relator Especial convoca a representantes del gobierno, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El encuentro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Durante la última década, se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”, señaló Méndez. “Sin embargo, estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.
“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, dijo el experto.
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