jueves, 30 de junio de 2011
jueves, 23 de junio de 2011
Denuncian persecución a niños y adolescentes pobres en la provincia de Buenos Aires
fuente: www.renanews.com.ar
Buenos Aires, 17 de junio de 2011 (RENA). Cada vez más niños y jóvenes pobres bonaerenses sufren detenciones sin orden judicial, armado de causas y reclutamiento para el delito, según un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria. En Argentina fue aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU pero el Congreso sigue sin sancionarlo. Desde el miércoles y hasta hoy, más de 40 expertos de la región se encuentran reunidos en Santiago de Chile para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos, pudo saber RENA.
Niños en peligro
La Comisión por la Memoria presentó el lunes último en La Plata el Informe anual 2011, que refleja el trabajo realizado por su Comité contra la Tortura, y analiza y evalúa las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en territorio bonaerense.
Antes del acto, una delegación de la Comisión entregó el informe y se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo Pettigiani, y el juez Luis Genoud, para plantearles la necesidad de avanzar en la creación de una Policía Judicial y de ajustar los controles judiciales sobre las detenciones por averiguación de identidad. Los jueces recibieron el informe y se comprometieron a acercar un ejemplar a cada magistrado.
Por la tarde, en la presentación pública, un panel conformado por el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión; Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura; Daniel Rafecas, juez federal; y Hugo Cañón, presidente de la CPM, difundió el contenido del documento.
“El discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos, somos conscientes que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios” dice el informe.
Uno de sus puntos más relevantes habla de un incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables. “Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”.
En ese contexto aparece la investigación de la desaparición forzada de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía en Lomas del Mirador. “Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, denuncia el informe.
De acuerdo con la investigación en terreno, en los casos de detención por averiguación de identidad los que más sufren son los de menores recursos, y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. “El 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 por ciento de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
Una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la Provincia completa el panorama: pese a que la ley lo prohíbe, el 93 por ciento estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas junto con mayores de edad. “El 32 por ciento permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. El uso extendido de la prisión preventiva no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72 por ciento de las plazas de encierro existentes se utiliza para jóvenes con prisión preventiva”. El informe también señala que se denunciaron casos de tortura en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de la Matanza, en el conurbano provincial.
Superpoblación carcelaria
“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión, basada en los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
Al analizar la implementación de la ley de promoción de los derechos del niño, la CM hizo pública su preocupación por la situación en el conurbano bonaerense, donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez. Mientras que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. “Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir”.
Respecto de la situación carcelaria, a pesar de la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia, que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas en marzo de 2011 es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El sistema aloja prácticamente al doble de personas que podría legítimamente.
El número de muertes en las prisiones se incrementó. En 2009 se registraron 117 decesos; en 2010 fueron 33. De estos, 94 se debieron a problemas de salud, muchos directamente vinculados a malas condiciones sanitarias e inadecuada atención médica. La jurisdicción de La Plata reunió el 44 por ciento.
El sostiene que los hechos de violencia aumentaron en las cárceles, donde el control judicial es escaso y se insiste -por cuestiones ideológicas o falta de preparación- en apelar a figuras tales como apremios y vejaciones, cuando en realidad corresponde aplicar el tipo penal tortura.
Falta la sanción
Argentina aprobó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU, que incluye la creación de mecanismos nacionales y locales o provinciales de prevención que monitoreen los lugares de detención, propongan soluciones ante las violaciones de Derechos Humanos, y elaboren -como lo hace la CM- informes anuales sobre la evolución de las situaciones en esos lugares.
Luego de años sin novedades en la implementación del mecanismo de prevención, el 19 de agosto último “finalmente hubo voluntad política y dos de las tres comisiones que tiene que tratar el tema en la Cámara de Diputados de la Nación llegaron a dictaminar sobre un proyecto común”, confirmó oportunamente Amnistía Intencional a RENA.
“Este es un paso fundamental y muy importante. Estamos en un momento de oportunidad en el que hay consenso y un texto para implementación del Protocolo (…) Alentamos a que los legisladores se comprometan a trabajar continuadamente para tener una ley de prevención de tortura antes del próximo año. Esperamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda dé pasos positivos en esta línea” dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
Sin embargo, pasaron los meses y el Congreso Nacional todavía no lo sancionó.
Debate regional
Más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se reúnen hasta hoy en la capital chilena para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos.
“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, “y aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.
Esta primera reunión regional convocada por el Relator Especial convoca a representantes del gobierno, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El encuentro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Durante la última década, se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”, señaló Méndez. “Sin embargo, estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.
“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, dijo el experto.
(JOM)
Niños en peligro
La Comisión por la Memoria presentó el lunes último en La Plata el Informe anual 2011, que refleja el trabajo realizado por su Comité contra la Tortura, y analiza y evalúa las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en territorio bonaerense.
Antes del acto, una delegación de la Comisión entregó el informe y se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo Pettigiani, y el juez Luis Genoud, para plantearles la necesidad de avanzar en la creación de una Policía Judicial y de ajustar los controles judiciales sobre las detenciones por averiguación de identidad. Los jueces recibieron el informe y se comprometieron a acercar un ejemplar a cada magistrado.
Por la tarde, en la presentación pública, un panel conformado por el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión; Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura; Daniel Rafecas, juez federal; y Hugo Cañón, presidente de la CPM, difundió el contenido del documento.
“El discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos, somos conscientes que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios” dice el informe.
Uno de sus puntos más relevantes habla de un incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables. “Esta orientación de las políticas públicas de seguridad ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”.
En ese contexto aparece la investigación de la desaparición forzada de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía en Lomas del Mirador. “Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, denuncia el informe.
De acuerdo con la investigación en terreno, en los casos de detención por averiguación de identidad los que más sufren son los de menores recursos, y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. “El 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 por ciento de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
Una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la Provincia completa el panorama: pese a que la ley lo prohíbe, el 93 por ciento estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas junto con mayores de edad. “El 32 por ciento permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. El uso extendido de la prisión preventiva no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72 por ciento de las plazas de encierro existentes se utiliza para jóvenes con prisión preventiva”. El informe también señala que se denunciaron casos de tortura en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de la Matanza, en el conurbano provincial.
Superpoblación carcelaria
“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión, basada en los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
Al analizar la implementación de la ley de promoción de los derechos del niño, la CM hizo pública su preocupación por la situación en el conurbano bonaerense, donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez. Mientras que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. “Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir”.
Respecto de la situación carcelaria, a pesar de la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia, que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas en marzo de 2011 es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El sistema aloja prácticamente al doble de personas que podría legítimamente.
El número de muertes en las prisiones se incrementó. En 2009 se registraron 117 decesos; en 2010 fueron 33. De estos, 94 se debieron a problemas de salud, muchos directamente vinculados a malas condiciones sanitarias e inadecuada atención médica. La jurisdicción de La Plata reunió el 44 por ciento.
El sostiene que los hechos de violencia aumentaron en las cárceles, donde el control judicial es escaso y se insiste -por cuestiones ideológicas o falta de preparación- en apelar a figuras tales como apremios y vejaciones, cuando en realidad corresponde aplicar el tipo penal tortura.
Falta la sanción
Argentina aprobó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU, que incluye la creación de mecanismos nacionales y locales o provinciales de prevención que monitoreen los lugares de detención, propongan soluciones ante las violaciones de Derechos Humanos, y elaboren -como lo hace la CM- informes anuales sobre la evolución de las situaciones en esos lugares.
Luego de años sin novedades en la implementación del mecanismo de prevención, el 19 de agosto último “finalmente hubo voluntad política y dos de las tres comisiones que tiene que tratar el tema en la Cámara de Diputados de la Nación llegaron a dictaminar sobre un proyecto común”, confirmó oportunamente Amnistía Intencional a RENA.
“Este es un paso fundamental y muy importante. Estamos en un momento de oportunidad en el que hay consenso y un texto para implementación del Protocolo (…) Alentamos a que los legisladores se comprometan a trabajar continuadamente para tener una ley de prevención de tortura antes del próximo año. Esperamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda dé pasos positivos en esta línea” dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
Sin embargo, pasaron los meses y el Congreso Nacional todavía no lo sancionó.
Debate regional
Más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se reúnen hasta hoy en la capital chilena para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos.
“La tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, “y aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.
Esta primera reunión regional convocada por el Relator Especial convoca a representantes del gobierno, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El encuentro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Durante la última década, se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”, señaló Méndez. “Sin embargo, estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.
“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, dijo el experto.
Desastre en la Patagonia por las cenizas del volcán Puyehue
Fuente: www.renanews.com.ar
Buenos Aires, 17 de junio de 2011 (RENA). La histórica erupción del volcán chileno Puyehue produjo una catástrofe económica en la Patagonia argentina. El gobierno de Neuquén lo reconoció con la declaración de la “emergencia económica y social” y el “estado de desastre” en el departamento Los Lagos. El Ministerio de Agricultura de la Nación decretó la “emergencia agropecuaria” en Chubut, Río Negro y Neuquén, donde peligra un millón y medio de cabezas de ganado. Se incorporó la piscicultura, ya que hay un número indeterminado de peces en riesgo.
Emergencia económica
El gobernador de la sureña Neuquén, Jorge Sapag, decretó el jueves último la emergencia económica y social y el estado de desastre para el departamento Los Lagos. La declaración abarca fundamentalmente a Villa La Angostura y a toda la región alcanzada “significativamente” por los efectos indirectos de la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle desde el 4 de junio pasado.
La medida, oficializada mediante el decreto 1125 firmado en acuerdo de ministros, alcanza “a cualquier otro espacio del territorio de la provincia del Neuquén que se vea directamente afectado por esta situación y que el Poder Ejecutivo Provincial certifique fehacientemente”.
En sus fundamentos, la norma menciona que el complejo volcánico, ubicado a 38 kilómetros de Villa La Angostura, afectó al paraje El Rincón, en zona de frontera, y a ciudades más alejadas como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Traful, Zapala y Piedra del Águila, entre otras.
El texto indica la necesidad de sancionar una ley, cuyo proyecto se elevó a consideración de la Legislatura, a fin de consolidar las acciones y programas en un marco legal adecuado. También menciona que el gobierno provincial actuó de inmediato ante la aparición de un fenómeno que afectó profundamente la actividad económica de la zona -en los sectores del turismo, agropecuario, acuícola- con su impacto negativo en las fuentes de trabajo.
En el mismo sentido, ya en el orden nacional, el senador justicialista Miguel Pichetto ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, social y productiva en las zonas afectadas de Río Negro y Neuquén. Se trataría el 29 de este mes.
Mientras tanto, la presidenta Cristina Fernández se reunió con los ministros de Desarrollo Social, Economía, Turismo, Agricultura e Interior. Se creó un grupo de seguimiento de la situación por las cenizas en coordinación con los gobernadores e intendentes. Evaluarán los casos y se asignarán los recursos necesarios.
Crisis en el campo
El Ministerio de Agricultura de la Nación decidió declarar el estado de emergencia agropecuaria en Chubut, Río Negro y Neuquén.
Según sus resoluciones, el volcán afectó explotaciones agropecuarias en los departamentos chubutenses de Gastre, Telsen y Mártires; la producción ganadera en los departamentos rionegrinos de Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ñorquinco, Bariloche, Pilcaniyeu, El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y Conesa; y las explotaciones de secano en los departamentos neuquinos de Los Lagos y Collón Curá.
En todos los casos el período de emergencia va del 8 de junio de 2011 al 7 de junio de 2012. Se determinó que el 30 de septiembre de 2012 es la fecha de finalización del actual ciclo productivo para las producciones de las áreas citadas.
De acuerdo con un documento elaborado por técnicos de las EEA del INTA Bariloche y Valle Inferior, realizado a partir de observaciones “in situ” entre el 6 y el 8 de junio, se estiman unos 305 mil animales, entre ovinos, caprinos y vacunos, y alrededor de 900 a 1000 establecimientos afectados en Río Negro. En la vecina Neuquén, se calculan 149 mil animales, entre ovinos, caprinos y vacunos. El número de establecimientos afectados fue medido en 600 a 700.
Pero las cifras parecen ser peores, de acuerdo con Haroldo Lebed, director nacional de Emergencia Agropecuaria. El funcionario confirmó el 14 de junio al programa “La mañana de Télam”, que se emite por Radio Cooperativa, que las cenizas perjudican a unas 2 mil familias de pequeños productores de Río Negro, Chubut y Neuquén, que en conjunto poseen cerca de 1,5 millón de cabezas de ganado.
El gobierno destinó ayuda a productores ovinos, en tanto estableció el comité de crisis en la afectada localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci, y montó un operativo de ayuda que incluye 50 camiones, 30 camionetas y maquinaria vial.
Según Lebed, están en juego unas “600 mil cabezas de ganado en Río Negro, 600 mil en Chubut y 300 mil en Neuquén”, en “zonas que fueron de sequía durante los últimos tres años, donde viene de llover poco este año y el poco pasto que vino lo tapa la ceniza”.
“Es imposible que la hacienda lo pueda comer, porque lo envenena y además le daña la dentadura, lo termina matando; además le genera problemas en la vista, por lo cual la única solución es acudir en ayuda con pasto fresco y con suplementos de pasto, que pueden ser cebada o avena”, explicó.
La cartera agropecuaria informó que “hasta el momento se han comprado 35 mil fardos de alfalfa para distribuir como suplemento alimenticio al ganado ovino en el Valle Medio del Río Negro”, según un comunicado que aclara que “no existe registro de animales muertos”.
“Dada la dificultad en el acceso a los establecimientos y la necesidad de los productores de permanecer en el campo con su hacienda, 7 mil de estos fardos han llegado en camiones en los últimos días. En los próximos días, 8 mil fardos más arribarán en el Tren Patagónico”, agrega el texto.
El titular de Emergencia Agropecuaria dijo que “es imposible decir cuánto tiempo puede durar la emergencia; lo urgente es salvar la hacienda y en el corto o mediano tiempo decidir qué se hace con esta hacienda, porque o se mueve a otro lugar o se ingresa con elementos para que pueda subsistir”. Y señaló: “no es fácil, porque los camiones que tiene que llevar ese pasto o esos granos tienen la dificultad que por la cenizas se funden, por lo que hay mucha gente que se rehúsa a hacer ese flete”.
“La ceniza no es tóxica”
Las erupciones más recientes que afectaron a la región Patagónica fueron la de los volcanes Hudson y Chaitén, en 1991 y 2008 respectivamente. “Estos eventos permitieron acumular experiencia acerca del efecto de la caída de cenizas volcánicas sobre la ganadería de la región. En base a dicha experiencia sabemos que la gravedad y la magnitud del efecto de la ceniza están relacionadas con la cantidad caída y la composición de la misma”, reveló el INTA.
“La información disponible indica que la cantidad de ceniza caída en el territorio de estas provincias fue heterogénea. Normalmente se observa un gradiente de acumulación de material en función de la distancia al centro de emisión. En este caso, el patrón de distribución fue muy afectado por los vientos”.
Otro aspecto crítico fue que “un porcentaje importante del territorio presentaba síntomas de sequía”. En algunos casos, la combinación de ambos fenómenos agravó el cuadro.
De acuerdo con el análisis de lixiviados realizado en el INVAP a partir de muestras tomadas el 4/6, “presentan muy baja conductividad eléctrica y un pH ácido. Los niveles de fluoruro disueltos en el mismo son bajos y no se detecta arsénico. En cuanto a los otros cationes medidos los niveles son también muy bajos. El azufre fue medido en las cenizas, no en el lixiviado, y no constituye un aporte significativo de este elemento al suelo”.
En términos generales, dice el análisis preliminar del INTA Bariloche, el material recolectado parece relativamente inerte, no aporta cantidades significativas de solutos al agua, muy semejante a las cenizas volcánicas que dan origen a gran parte de los suelos de la región andina. Tampoco aporta cantidades significativas de nutrientes en formas disponibles al suelo, aunque puede resultar positivo el impacto sobre las propiedades físicas relacionadas con la dinámica de agua. Y el pH, si bien es ácido, “no se espera que produzca impactos en los suelos de la región, ya que poseen una elevada capacidad de amortiguación”.
De todos modos, advierte el informe, será necesario realizar nuevos análisis y muestreos para evaluar con mayor detalle su posible impacto en las características físicas y químicas de los suelos, ya que es esperable en materiales de este tipo encontrar variabilidad en su composición.
Otro estudio, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), revela que “no se detectaron sustancias que afecten la salud, como el azufre o arsénico”, informó la agencia Télam.
Grave impacto sobre el ganado
Las cenizas actúan sobre los sistemas ganaderos de varias maneras. Según su densidad y tamaño, “pueden afectar seriamente las fuentes de agua”. Las más vulnerables son las de aguas quietas. Se recomienda dejar que las cenizas sedimenten, aunque seguramente las partículas mas finas quedarán en suspensión enturbiando el agua. “(...) hasta ahora no se han detectado sustancias toxicas en el agua, por lo que no deberían producirse problemas de salud en el ganado”, dice el trabajo del INTA.
Cuando se acumulan en cantidades importantes (más de 15 cm), las cenizas terminan cubriendo los pastos e impiden el acceso de los animales a la fuente forrajera. Las ovejas rechazan el forraje saturado de cenizas. La única alternativa es la administración de heno u otro forraje.
“Además de los efectos en el tracto respiratorio y las mucosas oculares, las cenizas penetran en el vellón de los ovinos alcanzando un peso considerable si se humedecieran por efecto de alguna lluvia. Si el animal está debilitado por falta de forraje y de agua, este peso suele “voltearlo”, impidiéndole caminar. En estos casos la muerte es inminente”.
También el hábito de pastorear en contra del viento influye en el impacto que las partículas de ceniza ejercen en los ojos de los animales, disminuyendo su visión o perdiéndola totalmente según su intensidad.
“Se espera para la próxima esquila disminución de la calidad de la fibra por déficit nutricional y contaminación del vellón con cenizas. Asimismo, en relación a la producción de corderos se deberá estar muy atentos a la nutrición de los animales en él último tercio de gestación”, recomendó.
Reclamos del sector rural
La Sociedad Rural Argentina reclamó al gobierno nacional que acelere la ayuda directa para los productores ganaderos de Neuquén y Río Negro. “Nación está abordando el tema y en eso no hay críticas, pero hace falta presión y velocidad”, dijo su titular, Hugo Biolcati.
El director y encargado de prensa de la SRA, Roberto Fernández Speroni, expresó que “lo mejor sería que el gobierno le compre la hacienda a los productores ya que está prácticamente perdida”.
“Los animales pierden la grasa, se le tapan los poros (comen pasto con arena) no se los pueden esquilar y no hay camiones que quieran hacer el traslado. La lluvia forma un aglomerado parecido al cemento y cuando la ceniza cae en los techos el agua y la arena muchas veces derrumba los galpones. El productor quiere pasto y forraje, para el transporte del mismo se puede recurrir al ejército”, aseveró.
La Sociedad Rural calculó en 1.400 los productores afectados por las pérdidas de unas 750 mil cabezas de ganado ovino, que podrían alcanzar el millón.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa también sentó posición. “Queda demostrado una vez más los altos riesgos de la producción a cielo abierto, y desde CARBAP realizamos un llamado para que aquellos funcionarios de Gobierno que tengan la responsabilidad de actuar en estos casos, contemplen la dura situación por la que están atravesando quienes se dedican a la ganadería, a la agricultura o a las diferentes economías regionales en las zonas que han sido afectadas por dicho fenómeno”.
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